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L’associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) rechaza la implantación del “pin parental” en las escuelas.

El pin parental supone la vulneración de derechos de niñas y niños, bajo el disfraz del “derecho a elegir” de padres y madres.

Según la información que se ha recogido para explicar esta iniciativa “El pin parental es una iniciativa que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a  las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer un pretenso derecho de los y las progenitoras a dar su consentimiento o no, en cada uno de estos talleres o actividades, con una “autorización exprés”. Se trata de que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres y las madres para dar a los niños y niñas “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”.

El APJCV, como entidad que aglutina a profesionales de las políticas de juventud de diversa índole, desde profesionales del ocio educativo, asociaciones de tiempo libre educativo, profesionales municipales, monitores y monitoras y otros, que realizan parte de sus intervenciones dentro de los centros educativos, generando espacios de desarrollo personal integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, considera:

1. La escuela es uno de los principales sistemas sociales que permite garantizar la equidad, la libertad y el derecho a la educación de todas las niñas y niños. Privar a niños y niñas del acceso al conocimiento de la diversidad, de la cultura, etc., que las actividades complementarias proporcionan, produce sin duda una mayor desigualdad social.
2. La declaración de los derechos del niño (y la niña), expresa que en toda acción se atenderá el interés superior de la persona menor; el derecho en la educación; el derecho a expresar su opinión y al hecho que esta se tenga en cuenta en todos los asuntos que lo afectan; a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que esto no vaya en menoscabo del derecho de otros; todos ellos derechos que no se han tenido en cuento y que se han vulnerado con la aplicación de esta medida.
3. Según el artículo 27.2 de nuestra Constitución, el objetivo de la educación no es solo la transmisión de conocimientos y saberes sino también de los valores y de las herramientas que hacen posible el pleno desarrollo de la personalidad y la garantía efectiva de los derechos humanos.
4. Por otro lado, las comunidades autónomas establecen en sus reglamentos que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo— son obligatorias para todos los y las alumnas y son evaluables, por lo cual las familias no pueden negarse al hecho que sus hijos e hijas reciben este tipo de formación.
5. También la ley orgánica de educación (LOMCE), en su artículo 127 establece entre las competencias del consejo escolar “proponer” iniciativas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato o la prevención de la violencia de género (entre otros).
6. El objetivo de la ley de Políticas Integrales de Juventud, de la Comunidad Valenciana, es que los y las jóvenes de 12 a 30 años, puedan definir y construir su proyecto vital, individual y colectivo en igualdad de condiciones así como asegurar el apoderamiento, la participación y corresponsabilidad de las personas jóvenes en la toma de decisiones en la Comunidad Valenciana y fomentar al máximo los espacios de encuentro y debate.
7. La participación de familias en los centros educativos, que pretende defender esta medida, ya está garantizada al estar incluidas dentro de los consejos escolares, donde se valoran y aprueban las actividades tanto ordinarias como extraordinarias. Y en muchas de las actividades complementarias se incluyen entidades sociales, en las cuales participan las propias familias, acercando e incluyendo la sociedad en el centro educativo y el centro educativo a la sociedad.
8. Muchas de las actividades llamadas “complementarias” son actividades que giran alrededor de la educación en valores y la construcción de ciudadanía, siente el principal eje de intervención de las profesionales de juventud en los centros educativos. Trabajamos la diversidad, la inclusión, los derechos humanos, las libertades, la participación y construcción de ciudadanía… Al hacerlo en los centros educativos pretendemos garantizar la asistencia de toda la población a la cual van dirigidas, prevaleciendo los principios de igualdad, equidad y libertad.

Por estos motivos la Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana rechazamos esta propuesta que, además de su ilegalidad para contravenir diferentes leyes de ámbito nacional y autonómico, el que pretende es generar incertidumbre, desinformación, miedo y desigualdad.

Consideramos que hay causa suficiente porque desde el gobierno estatal, presentó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño.

Descargarte el comunicado aquí.